COMUNICADO OFICIAL
Respecto a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Aysén en relación con el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), la Institución comunica a la opinión pública lo siguiente:
1. Este fondo existió desde la década de los 50’ en la Región de Aysén, el que estaba conformado mayoritariamente por Suboficiales de la Institución, siendo una iniciativa de carácter privada para generar
ayudas solidarias entre el personal. Este fondo funcionó ininterrumpidamente hasta que se declara su insolvencia, por lo que el mando en jefe de la época determinó el 2008 efectuar una serie de medidas
administrativas tendientes a apoyar a los Suboficiales afectados, las que duraron hasta el 2016.
2. La investigación judicial por esta causa tiene su origen en una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la
República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División de Ejército.
3. De forma paralela, y respondiendo al firme compromiso del Ejército con la probidad y transparencia, la Institución instruyó dos investigaciones sumarias administrativas, las que actualmente se encuentran en su
etapa final y tienen por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan.
4. Asimismo, se han entregado todos los antecedentes y prestado la colaboración a la realización de las diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía en la investigación de las situaciones producidas entre el 2008 y
el 2016. Así también, le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia en la implementación de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador.
5. A la fecha existe personal activo de oficiales y suboficiales que presentan la calidad de imputados en la investigación. Sin embargo, ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución
judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan. Cabe recordar que, en nuestro Estado de Derecho, son los tribunales los llamados a resolver sobre las pretensiones y acusaciones de la
Fiscalía y las defensas presentadas por los imputados, según el mérito de las pruebas aportadas. Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso.
6. Es pertinente reiterar que el Ejército de Chile no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos, no obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha
conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el transcurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de
servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad.
7. El Ejército de Chile consciente de lo que ha debido enfrentar en materias de probidad en los últimos años, ha implementado un Sistema de Prevención de Delitos durante el 2019 que va más allá de la colaboración con
los órganos judiciales y el acatamiento de las resoluciones de sus tribunales. Esto ha implicado la capacitación a sus integrantes de todos los grados, entregando material instructivo y realizando inspecciones preventivas a
cargo de su Contraloría Interna.
DEPARTAMENTO COMUNICACIONAL DEL EJÉRCITO