Se dicta la ley que establece el montepío militar, el cual entrega depósitos de dinero a determinados familiares de los individuos fallecidos de un cuerpo militar. Si bien hay antecedentes desde la época de la independencia y se menciona en la Ordenanza General del Ejército en 1839, en 1855 se establece que el montepío es “una institución piadosa que tiene por objeto el socorro de las familias de los militares, y es una carga que la nación reconoce sobre el tesoro público”. Emanado por el Ministerio de Guerra, para obtenerlo se abría un sumario llamado Expediente de Montepío, el cual contenía diversos documentos mediante los cuales las viudas, hijas solteras o madres viudas de los fallecidos debían certificar su identidad y relación con el fallecido.